Thursday, July 28, 2005

3. ANALISIS

3.1 Actores en el escenario conflicto



3.1.1 Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz - CPESC



El proyecto del corredor de transportes Santa Cruz – Puerto Suárez atraviesa la Chiquitanía, y afecta directamente a los cuatro pueblos indígenas del Departamento de Santa Cruz (Chiquitanos, Guarayos, Guaraní y Ayoreos) por lo que corresponde a la CPESC la representación de estas comunidades en este proyecto. En los principios del Proyecto del Corredor la CIDOB ocupó la representación indígena, por lo que en el Comité de Participación y Consulta, el Consorcio Prime inicialmente respondió a esta institución.

La primer organización que aglutinó a las cuatro naciones indígenas de Santa Cruz fue la Central Indígena del Oriente Boliviano – CIDOB, fundada en 1982 por los Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos y Guaraní. En 1989 la CIDOB logró tener representación nacional al integrar nuevas organizaciones indígenas del Chaco y Amazonía y conservó la sigla. En 1992, se creó un comité que estudió la figura de una organización dedicada a la coordinación de los pueblos originarios del departamento de Santa Cruz, como lo fue en su inicio la CIDOB. Así, en 1994 nació la Coordinadora Étnica de Santa Cruz (CESC) con la presidencia de Bienvenido Sacú. Durante ese año, esta organización preparó la Asamblea General de los Pueblos Indígenas de Santa Cruz, que en 1995 dio lugar a que se consolide la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) como organización regional de la CIDOB. [1]

La CPESC es una organización de base creada para articular la representación política a nivel regional de los pueblos indígenas Santa Cruz. Su función principal es el fortalecimiento institucional de sus organizaciones miembro, para lograr participación efectiva en la toma de decisiones de los procesos de desarrollo local, regional y nacional. Su instancia máxima es la Gran Asamblea Departamental que se realiza cada cuatro años y elige al directorio departamental integrado por: Presidencia, Vicepresidencia, Secretarías de Tierra Territorio, Fortalecimiento organizativo, Comunicación, Economía y desarrollo, Educación y cultura, Salud.

La CPESC se plantea ganar espacios de relación con el gobierno, ejercitar la solidaridad con otros pueblos indígenas en el mundo, lograr el reconocimiento jurídico y social como organizaciones y pueblos indígenas, ejercer el derecho a mantener viva su cultura, búsqueda de concertación social con otros actores afines a sus demandas y consolidar el acceso a recursos y territorio, entre otros. Mantienen su accionar dentro de tres ejes principales: reivindicación social, tenencia de la tierra - control sobre el acceso a los recursos naturales y fortalecimiento organizativo.

La constitución política de Bolivia reconoce a este tipo de instituciones Indígenas,

Art. 171 Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la Ley los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional y especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias, como solución alternativa de conflictos en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la CPE y a las Leyes. La Ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los poderes del Estado.

Pasando del aspecto organizativo y jurídico a otro de corte ideológico, a cómo perciben los pueblos indígenas del oriente boliviano las políticas neoliberales y la función del Estado, la siguiente declaración nos ilustra (negreado nuestro),

Las políticas neoliberales que orientan el desarrollo diseñado por nuestro gobierno y por los organismos multilaterales, se sienten fuertemente en la vida cotidiana de los pueblos y comunidades indígenas, ya que promueven la concentración de riqueza en pocas manos, se promueve la comercialización de los recursos naturales del país y en particular de nuestros territorios, ya que son los únicos que tienen un nivel de impacto bajo, gracias al sistema de conservación natural que tenemos los pueblos indígenas. Sentimos la presión del Estado sobre nuestras tierras y sus recursos naturales, se declara prioridad nacional la explotación irracional de nuestros recursos naturales, con el simple discurso de la generación de divisas para el país, se promueven leyes favorables a la inversión extranjera, sin considerar a los habitantes originarios de estos territorios, se atropella y desconocen los derechos de los pueblos indígenas; las políticas neoliberales sólo ven el desarrollo convertido en dinero, sin importarles valores culturales, que son lo que hace al hombre sabio y respetuoso de su hábitat. El nivel de pobreza en las comunidades indígenas es cada vez mayor, mientras otros se enriquecen, los pueblos indígenas tenemos que soportar los impactos ambientales y sociales que generan las empresas extractivistas de nuestros recursos y todo bajo la protección del Estado a través de sus gobernantes y sus políticas [2]

Presentamos a la CPESC abordando su origen como institución y su relación con la CIDOB, sin embargo, a poco más de 10 años de su creación, la CPESC se deslindado de la que era su organización matriz, denunciando a su actual dirigencia.

Durante la Gran Asamblea de los Pueblos Indígenas (GANPI), realizada en Trinidad – Beni, a fines del año 2002, la dirección de la CIDOB hizo circular votos resolutivos acusando de traidores a los dirigentes de la CPESC por haber participado en la “Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales” (mayo y junio de 2002), a pesar de la oposición de la dirigencia indígena nacional. Como respuesta a estas acusaciones la CPESC publicó las siguientes reflexiones (negreado nuestro):

Hemos pensado siempre que el origen de nuestros problemas como pueblos indígenas, la discriminación y marginación a la que hemos estado sometidos, la exclusión de las esferas de participación y decisión sobre nuestros destinos, y la permanente negación de nuestros derechos fundamentales, está en la concentración de la riqueza y del poder en unas pocas familias que han gobernado este país. La experiencia del proceso para la titulación de nuestras tierras nos ha mostrado de qué forma están controlados los diferentes poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y cómo éstos son el instrumento de los sectores dominantes para defender sus propios intereses y mantener el estado de exclusión de nuestros pueblos y de la mayoría de la población boliviana. Por esto la acción de nuestras organizaciones en la lucha por el reconocimiento y vigencia de nuestros derechos es una acción eminentemente política puesto que toca aspectos centrales de cómo se organiza la sociedad sin la exclusión y marginamiento de sectores mayoritarios de ella. Esta lucha no puede desarrollarse de manera aislada y dispersa. Al contrario, hemos visto la necesidad de construir alianzas con otros sectores sociales excluidos y definir con ellos objetivos comunes para que nuestra lucha sea más efectiva. En los últimos años hemos establecido una coordinación con sectores campesinos, hombres y mujeres, colonizadores, campesinos sin tierras y comunidades originarias del altiplano y los valles, para proponer conjuntamente una visión amplia de país, sin exclusiones de ninguna naturaleza, donde nuestros derechos como pueblos indígenas y de los otros sectores sociales sean realidad y no sólo normas que nunca se cumplen. [3]

Si ésta es la estrategia política de los indígenas del Oriente boliviano, ¿Por qué se opuso la dirigencia nacional a la marcha con campesinos? Seguimos con la respuesta de la CPESC a la CIDOB, (negreado nuestro):

Esta finalidad (construir alianzas con otros sectores sociales) debiera aunar a las direcciones nacionales de las organizaciones en torno a las reclamaciones de sus bases, pero lamentablemente no siempre es así. En el caso de la CIDOB, en lugar de responder a sus bases, el Sr. Marcial Fabricano pretende imponer a éstas sus propias decisiones, negando o limitando el derecho que tienen a plantear con voz propia sus problemas, y neutralizando sus acciones reivindicativas, con la finalidad de agradar o favorecer a los grupos de poder, a los Gobiernos de turno y a sus propios intereses personales. Ésta es la verdadera razón de la confrontación interna que desde hace varios años se vive en la CIDOB, pues, mientras las bases de los pueblos indígenas que conforman la organización luchan de forma articulada y organizada por defender o conquistar sus derechos frente a los grupos de poder, frente a quienes históricamente han usurpado nuestros territorios e impiden el libre ejercicio de nuestros derechos, el Sr. Fabricano y otros dirigentes, hacen concesiones a estos grupos y negocian con el Gobierno nuestros derechos, actuando como agentes dispuestos a desactivar las acciones de base y romper desde adentro la fuerza de nuestra lucha. (....) La historia y la realidad en la que viven los pueblos indígenas de todo el mundo está llena de ejemplos que muestran claramente cómo los estados tratan de controlar, manipular, neutralizar y acallar a sus organizaciones representativas. Para lograr sus objetivos, utilizan todos los medios económicos, políticos y militares de que disponen. (...) En estos momentos, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) no está en manos de los pueblos indígenas sino de quienes se oponen a nuestros derechos, al estar condicionada por personas que, a través de la prebenda y la cooptación contribuyen a su violación para el favor de sectores de poder, anulando los principios básicos del movimiento indígena. [4]

Para aproximarnos a una mejor comprensión de las relaciones entre la CPESC y el Estado boliviano, citamos un comunicado a la opinión pública nacional e internacional por parte de la dirigencia indígena de la CPESC. Dice (negreado nuestro):
Ante el asesinato de campesinos y ancianos a manos del gobierno y la detención arbitraria de compañeros movilizados, los pueblos indígenas de Santa Cruz exigimos respeto a la vida, a la libertad y a los derechos de todos los bolivianos (...) En un escenario militarizado, el día de ayer fueron asesinados de manera cobarde, por francotiradores paramilitares, cuatro campesinos en el Departamento de Cochabamba, en Colomi y Sinahota, que se movilizaban exigiendo un diálogo con el Gobierno sobre los problemas más urgentes que nos afectan a todos los bolivianos. Igualmente murió otro compañero gasificado por las fuerzas de tarea conjunta por oponerse a la erradicación de cultivos de coca en su parcela, de la que deriva su subsistencia (...) Desde el fin de semana pasado el Gobierno ha ordenado el secuestro masivo de dirigentes campesinos para evitar, por la fuerza, las movilizaciones anunciadas. Hasta el día de hoy, casi 300 campesinos han sido ilegalmente detenidos en varias partes del país, de igual forma los fiscales reciben y cumplen ordenes directas de los funcionarios de Gobierno para procesar a los detenidos pisoteando los más elementales derechos a la libertad personal y de expresión. [5]

Para cerrar con este actor indígena regional en un escenario militarizado, encontramos en un quincenario de circulación nacional, algunas reflexiones de Félix Patzi sobre políticas del Estado boliviano con respecto a pueblos originarios que habitan en su territorio. Este autor en su publicación distingue tres grandes momentos en la relación Estado Burgués – Comunidades Indígenas: genocidio, etnocidio y (actualmente) etnofagia (ésta última, creada en los ´90 para incorporar a la cultura nacional las comunidades originarias mediante la promoción de políticas multiculturales). Se lee lo siguiente:

(...) el surgimiento de movimientos indígenas ha llevado a los partidos políticos de derecha a replantear su política respecto a los indios. En un primer momento, se apropian del discurso multicultural de un sector de los indígenas y promocionan políticas de Estado centradas fundamentalmente en el reconocimiento del idioma, costumbres, estilo de vida, prácticas comunitarias, etc. Sin embargo, a la par niegan las prácticas económicas y políticas indígenas mediante la universalización del sistema liberal de la política aplicada ahora en los municipios rurales. De esta manera, según esta concepción, se garantiza la unidad nacional y la integración de los diversos en la cultura nacional. Esta concepción no deja de ser euro céntrica, debido a que continúa valorando y expandiendo como cultura societal a la democracia representativa liberal y la propiedad privada capitalista, como formas de organización política y económica. De ahí, en primer lugar, no valoren la economía y política comunales, dignas de ser tomadas en cuenta como cultura nacional; y, en segundo lugar, concedan al idioma y costumbres indígenas como prácticas circunscritas al mundo indígena, sin que puedan tener una influencia en el resto de la sociedad. O sea es una política de “dejar hacer” en cuanto a la cultura, pero además es “no dejar hacer”, en cuanto a la organización económica y política.[6]
[1] Véase boletín de la CPESC: La voz de los cuatro pueblos. Santa Cruz. Año 1, Vol. 2 Enero-2001.Pg. 3
[2] Véase: Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, www.compasite.org/spanish/integrantes/bolivia.htm
[3] Respuesta a la CIDOB de organizaciones indígenas que participaron en la Marcha por la Soberanía popular. Directorio de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz – CPESC. Santa Cruz de la Sierra, 4 de noviembre de 2002. En: www.derechos.org/nizkor/bolivia/doc/cpesc2.html
[4] Ibídem
[5] Pueblos étnicos de Santa Cruz piden solidaridad CPESC, 16/01/03. En: www.adital.org.br/asp2/noticia.asp?idioma=Es¬icia=5280
[6] PATZI, Félix. Miserias de la plurimulticulturalidad y las propuestas de autonomías indígenas. en El juguete rabioso. Año 3 – No. 83, La Paz, Bolivia julio 6 de 2003 Página 6

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