Thursday, July 28, 2005

3.2.1 Comité de Participación y Consulta - CPC

El CPC es coordinado por el Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal e integrado por representantes de:

- Prefectura de Santa Cruz y Subprefecturas de las provincias de Chiquitos y Germán
- Alcaldías de Santa Cruz, Pailón, San José de Chiquitos, Roboré, El Carmen, Puerto Suárez y Puerto Quijarro
- Comités Cívicos y de Fiscalización de las ciudades de Santa Cruz, Roboré, San José de Chiquitos
- CIDOB
- CPESC
- Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz
- Liga de Defensa del Medio Ambiente – LIDEMA
- Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo – FOBOMADE
- Bank Information Center
- Amazon Watch

En cuanto a su carácter y objetivos,

El objetivo principal del Comité de Participación y Consulta (CPC), el cual tiene carácter consultivo y deliberativo, es facilitar e incentivar la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad civil del área de influencia de la carretera, en el proceso de seguimiento de todas las etapas de la preparación y ejecución del proyecto, a manera de asegurar la transparencia de dicho proceso, respetando las atribuciones del Poder Ejecutivo. El CPC se constituye en un foro de concertación para recoger observaciones, sugerencias, propuestas y recomendaciones de la sociedad civil, relacionadas a los impactos socio-ambientales resultantes de la construcción del proyecto y de los incentivos al desarrollo regional, para mejorar la ejecución del mismo. El Comité asegurará la libre participación de sus miembros, de manera de garantizar que todos los sectores y actores, directa o indirectamente beneficiados o afectados por el proyecto, puedan expresar y discutir sus opiniones, en el ámbito del proceso participatorio que se establece como parte del Estudio Ambiental Estratégico del Proyecto y de la Complementación del EEIA de la Carretera Santa Cruz – Puerto Suárez. El Comité asegurará, en particular, la efectiva participación de los diferentes grupos étnicos y tomará en cuanta sus características socioculturales. [1]

Según el reglamento del CPC, éste deberá reunirse ordinariamente, una vez al mes, durante la fase de preparación del proyecto, así como durante la fase de ejecución, o extraordinariamente siempre que sea convocado por el Coordinador del Comité. Con un 50% más uno, ya se tiene quórum para iniciar las reuniones, en caso contrario, se fija un plazo de una hora a partir de la cual se iniciará la reunión y se tomará las decisiones por consenso con las instituciones, se someterán las mismas a votación, para ser aprobadas por el 50% más uno de los presentes.

En cuanto a sus obligaciones,

- Tomar conocimiento de los informes parciales y finales preparados por la empresa de consultoría contratada para realizar el estudio Ambiental Estratégico (EAE) y Complementación del EEIA de la Carretera Santa Cruz – Puerto Suárez y proponer modificaciones al EAE o la complementación del EEIA
- Participar en el proceso de seguimiento del proyecto, a fin de garantizar la transparencia del proceso de implementación de las medidas de mitigación de los impactos socio-ambientales del proyecto
- Colaborar en la identificación de oportunidades de aprovechamiento de los recursos aplicados en el proyecto a fin de maximizar los beneficios al desarrollo local y regional de los distintos sectores sociales, directa o indirectamente afectados por la carretera, velando por la conservación y minimización de impactos socio ambientales.

Según afirma Miguel A. Crespo, director de PROBIOMA y miembro del Foro Departamental de Medio Ambiente y Desarrollo – FODEMADE, hasta hace poco no existían en Bolivia precedentes de este tipo de Comité, orientado a la consulta con la población en la ejecución de proyectos tan grandes. Además, M. Crespo considera que la aparición de esta instancia no ha sido fruto de la buena voluntad del Gobierno de Bolivia o del BID. Se debe a la presión de los pueblos afectados por las obras de construcción. Un precedente de este comité pudo apreciarse en la ejecución de los gasoductos a Brasil donde se ha logrado establecer Comités de Fiscalización.[2]

Un logro en particular en el CPC menciona M. Crespo, ha sido la presión que pudo ejercerse en este Comité, en contra de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, cuya mención finalmente ha logrado ser eliminada de la Evaluación Ambiental Estratégica. Según nos cuenta, en esta lucha en contra de la FCBC “se abrieron las aguas” en el CPC, e hizo madurar la lucha política de las poblaciones en temas como la biopiratería y los recursos genéticos. Agregó que el trato preferencial que el BID y el Gobierno les otorga a los indígenas (no existe un Programa Campesino) responde a una política de “divide y gobierna” por parte de los financiadores de la carretera, quienes ejercerían una “inclusión dirigida” para lograr una “sumisión sin decisión”. [3]

Durante una entrevista para conversar sobre el CPC con José Bailaba durante su presidencia de la CPESC, preguntamos sobre las coincidencias de posiciones e intereses entre los diversos miembros. Manifestó que con PROBIOMA y los Comités Cívicos y de Fiscalización se coincidió en el análisis de las afectaciones socio – ambientales y en el reclamo contra la FCBC por el “Negociado del Bosque Chiquitano”, y que las organizaciones campesinas no se opusieron a ninguna demanda indígena. Comentando sobre la política de negociaciones del BID, según el dirigente, todo acuerdo se impone de acuerdo a sus políticas “o sí, o nada”. Declaró que si bien la CPESC presenta propuestas, este Banco apoya el criterio del Consorcio Prime, quienes por otro lado, no trasladaban a los documentos finales las demandas indígenas.[4]

Por su parte, Rubén Darío Díez declaraba: “Para nosotros el CPC se ha convertido en una instancia, vamos a decir así, una instancia “filtro”, en la que las propuestas de la sociedad civil han sido acumuladas (…) Hay muchas propuestas de la sociedad civil que no han sido tomadas en cuenta, particularmente nuestras propuestas indígenas han sido tomadas en cuenta como parcialidades (…) pero otras propuestas de los sectores sociales como ser campesinos, Comités Cívicos, no han sido en definitiva tomadas en cuenta (…) Entonces esta instancia a la cual inclusive se estableció una reglamentación funcional, un proceso operativo para su funcionamiento, una directiva que pueda llevar adelante todo este proceso de consulta, en definitiva se convirtió simplemente en una instancia operadora del Estado, en la que convocaba, invitaba, en función a la visión que ellos tenían, si existía una necesidad de acelerar este proceso frente a la negociación del BID, había una reunión, si no había esa necesidad de aval social, no era necesaria esta instancia. (…) Lamentablemente como sector no conocemos ya su vida (julio de 2003). Después de que se consolida el documento final del Programa de Protección Ambiental y Social, firmado en el mes de marzo, y fueron las últimas reuniones del CPC, no se ha retomado el trabajo de esta instancia de consulta.[5]

En funciones desde noviembre de 1999, fue creado como "espacio de discusión y deliberación", con miras al establecimiento de un nexo de "comunicación y diálogo directo entre el gobierno, las comunidades indígenas y campesinas, ONG nacionales e internacionales, alcaldías municipales, comités cívicos y otros actores importantes del área de influencia de la carrera". Sus reuniones tienen lugar en forma mensual, a convocatoria del VMARNDF. El número total de representantes es de 27, siendo la distribución como sigue: cinco por el gobierno central, siete por los municipios, cuatro por los comités cívicos, dos por los indígenas, uno por los campesinos, tres por los comités de fiscalización, dos por ONG nacionales, uno por una ONG regional, y dos por ONG internacionales. Salta a la vista la desproporción existente entre el número de representantes de indígenas y campesinos y los otros actores sociales o institucionales. Veamos qué dice el citado informe de M. Vargas, sobre este tema (negreado nuestro):

La conformación vertical del CPC, por invitación directa del gobierno, tuvo incidencia directa en la composición social de los actores que conforman el CPC. Gran parte de los miembros del CPC representa básicamente a las elites locales de los centros urbanos más importantes de la región, privilegiando representación de entidades afines al gobierno como Prefecturas y Subprefectura, municipios, y comités cívicos. Esta forma de definir quién participa, impidió la posibilidad de ampliar la participación de los actores locales vulnerables, potencialmente afectados por el desarrollo inducido de la carretera como comunidades indígenas y campesinas que usualmente están fuera de los centros urbanos. El resultado es que en el CPC muchos actores están sub-representados mientras que otros están sobre–representados. Por ejemplo la representación indígena (CIDOB y CPESC) y campesina se reduce a tres espacios, en tanto que la participación real y permanente de las ONG locales, nacionales y internacionales es también reducida.[6]

Este esquema de representación tiene efectos decisivos, como expresamente se admite en el informe; éste dice al respecto que (negreado nuestro),

(…) Este visible desequilibrio de fuerzas ha significado un sesgo importante en la toma decisiones y además, ha impedido profundizar en el debate, aumentar los flujos de información y generar una sinergia positiva para atender e incorporar las sugerencias de todos los actores a la evaluación Ambiental Estratégica y por ende al Plan de Acción. La falta de una conducción independiente y de mecanismos claros y eficientes para elaborar una agenda conjunta, dificultó aun más el éxito del CPC. Las reuniones generalmente se realizaban sin una agenda previa y consensuada, tampoco se discutía la prioridad de los temas y el tiempo dedicado a cada uno de ellos.[7]

En síntesis, la toma de decisiones no asume formas democráticas, el debate es incompleto, el Plan de Acción no representa el consenso de todos los consultados y hay falta de transparencia y eficiencia. A ello se hace necesario agregarle un agravante: la actuación del gobierno. Enumeradas las falencias, el informe detalla que son (negreado nuestro),

(…) Problemas que se profundizaron con la conducción discrecional de las reuniones por parte del gobierno. Estas dificultades generaron un ambiente poco propicio para promover la participación de los actores más vulnerables, acentuando las diferencias numéricas y culturales entre los mismos. Al mismo tiempo, fue difícil analizar de manera objetiva la calidad de los estudios y hacer aportes sustantivos al proceso. Estos errores de fondo y forma del CPC, han desvirtuado el espíritu del mismo y (éste) se convirtió en un escenario propicio para polarizar las diferencias entre actores y para que el gobierno ejerza un excesivo control del proceso.[8]

Si las élites locales de los centros urbanos tienen sobrerepresentación en el CPC, y ello impidió la posibilidad de ampliar la participación de los actores locales vulnerables, llevar a cabo un debate consistente y a fondo, y realizar un examen objetivo de los estudios de impacto, ello no ocurre por azar. Burkhard Schwarz brinda una descripción explicativa, dice este autor que (negreado nuestro),

Existe una masiva competencia entre las sociedades regionales chiquitanas y otros grupos sociales por el espacio y los recursos naturales; al mismo tiempo, coexisten en contradicción dos estrategias étnicas productivas. Estas estrategias se interrelacionan en el interior del territorio chiquitano en una relación jerárquica de poder, por la cual la clase criollo mestiza dominante se impone e impacta, unilateralmente, sobre las sociedades regionales chiquitanas.[9]

El mecanismo de integración de representantes en el CPC refleja esa "relación jerárquica de poder" que se materializa en el dominio ejercido por la "clase criollo mestiza dominante" con los impactos resultantes. Tal dominio se traduce en serias consecuencias, por cuanto, según sostiene Burkhard Schwarz (negreado nuestro),

El actual desastre ecológico se produce a raíz de una estructura de poder que favorece la dinamización de las estrategias económicas no sostenibles de la clase criollo mestiza, y por la profundización de las contradicciones estructurales interétnicas. El proceso de deterioro de los recursos estratégicos se acelera en la medida en que la clase dominante logra bloquear la rearticulación de los conceptos y lógicas auténticas chiquitanas. [10]

El proceso de deterioro puede experimentar una brusca aceleración debido al desarrollo inducido por la construcción de la carretera, y realimentar, a partir de los impactos en el ámbito social el bloqueo impuesto por la clase dominante. Si se tiene en consideración que el trabajo que citamos aquí fue redactado en 1996, su contenido constituye una seria advertencia.

La precaria situación presente de los grupos chiquitanos, así como la amenaza de ocupación y la ocupación real de sus espacios de vida por otros grupos sociales, es producto de su dominación exógena, de la discriminación de su sistema de valores, de la expropiación de su territorio y sus recursos naturales y de la subordinación de sus intereses a los de la sociedad nacional y de las élites cruceñas. [11]

La composición del CPC constituye un claro ejemplo de subordinación de los intereses de las comunidades indígenas a los de las élites cruceñas.Sobre la cuestión espacial, cabe esperar su agravamiento ante los cambios en el patrón del uso de la tierra y otros impactos asociados resultantes del desarrollo inducido. Para Burkhard Schwarz,

La dramática disminución de las reservas espaciales disponibles para el desenvolvimiento del sistema productivo chiquitano impide a la etnia acceder a los recursos naturales necesarios para su articulación clásica, particularmente a los recursos básicos. Con ello se desarticulan las estrategias étnicas de protección de los recursos hídricos y forestales, incluso en el interior del espacio todavía controlado por las comunidades chiquitanas. Por otra parte, el sistema productivo chiquitano está siendo sometido, progresivamente, a una lógica exclusivamente externa y de mercado. Este hecho erosiona los principales elementos de cohesión socio-cultural de esta comunidad. [12]

La disminución de las reservas espaciales pasa por el sometimiento a la lógica externa y de mercado, y la pérdida del hábitat erosiona la integridad misma de la cultura. Estamos ante el despliegue de estrategias neocolonialistas a caballo de un proyecto de desarrollo infraestructural (negreado nuestro),

Y en este drama, actualmente, juegan un papel clave los proyectos de desarrollo que son compatibles con los intereses de las élites cruceñas, pero incompatibles con el núcleo productivo chiquitano, cuya verdadera dimensión no ha sido percibida por los agentes externos, que así se constituyen en un obstáculo para llevar adelante un desenvolvimiento étnico autocentrado.[13]

Puede leerse en el Plan de Trabajo, del Consorcio Prime, la descripción de algunas deficiencias institucionales en el ámbito relativo al uso de la tierra, estableciendo que,

Los factores reales que determinan el uso de la tierra en Santa Cruz son: la percepción de la fertilidad del suelo, el acceso al agua, el patrón climático de precipitación, infraestructura vial y distancia al mercado. Estudios de teledetección evidencian la debilidad del PLUS y de las instancias gubernamentales de la Prefectura y Municipios encargados de la implementación de sus recomendaciones para impedir el desarrollo no sostenible. Por ejemplo, imágenes satelitales muestran que existen áreas deforestadas nuevas en zonas clasificadas solamente para la actividad forestal. De la misma manera, existen concesiones forestales nuevas (después de la reforma de 1996) (*), otorgadas en unidades que el PLUS ha clasificado como Bosques de Conservación (ver concesión de CIMAL en la Serranía de Sunsas, al oeste de Santo Corazón y la unidad 5.1 del mapa del PLUS). La falta de coordinación de entidades gubernamentales es evidente; las recomendaciones del PLUS fueron publicadas en 1995, mientras que las concesiones forestales fueron otorgadas en 1997. También preocupante, es la existencia de nuevos desmontes de gran magnitud, evidentemente de estancias ganaderas, en áreas dentro de los límites de una demanda territorial indígena, como es el caso de los Chiquitanos y el área de Monte Verde, al norte de Concepción.[14]

Mención aparte requiere la cuestión del PLUS (Plan de Uso del Suelo), componente del proyecto de recursos naturales para el Departamento de Santa Cruz, como contrapartida "ecológica" al proyecto conocido como "Tierras Bajas del Este" que contó con financiación del Banco Mundial y un dispendioso artefacto de consultorías a cargo de profesionales extranjeros. En este sentido, el proyecto del corredor de transportes podría ser otra manera de continuar con el anterior emprendimiento, si se lo mira desde una perspectiva de cambio de patrones de ocupación y uso de la tierra ante una mejora estructural de la magnitud de la carretera proyectada. Cabe esperar en este aspecto incentivo a la actividad agroindustrial. Pero veamos qué nos dice acerca de esta cuestión Burkhard Schwarz (negrado nuestro),

Se puede decir que el Proyecto "Tierras Bajas del Este", en sí mismo, se constituye en una agresión directa en contra de la integridad de los territorios e intereses de las sociedades regionales chiquitanas, a costa de la cual impulsa la expansión de zonas de colonización criollo mestizas y apoya a los sectores económicos adversos a esta etnia. El caso de los componentes financiados por el Banco Mundial se constituye en una violencia estructural abierta en contra de los chiquitanos y otras etnias - identificándose en este contexto el "Componente Indígena" como una institución de promoción de la asimilación -, mientras que el Componente "Proyecto de Protección de los Recursos Naturales en el Departamento de Santa Cruz" (PPRRNN), financiado por el KfW, es un intento de encubrir esta agresividad con estereotipos ecológicos, mediante una estrategia propagandística. [15]

Como puede apreciarse, varios de los factores que hacían presumir el carácter meramente formal de los mecanismos de consulta y de participación implementados en el marco del proyecto del corredor de transporte, se hallan presentes en esta otra instancia: cambios en la ocupación del espacio, asimilación presentada como participación y el empleo deliberado de estrategias propagandísticas que otorguen credibilidad a las intenciones declaradas, y siempre con el común denominador de su adversidad respecto de los intereses de las "sociedades regionales chiquitanas".

Burkhard Schwarz va más allá, desentrañando el sentido que adquieren proyectos de esta naturaleza, que según cree el autor, materializan postulados ideológicos de corte neocolonialista, con un fuerte sesgo racista. En este orden de cosas sostiene que (negreado nuestro),

Si se parte de un enfoque emancipatorio, las propuestas del "Plan de Uso del Suelo" (PLUS) - las cuales no sólo están completamente descontextualizadas de la compleja realidad del Departamento de Santa Cruz, sino que se basan en una profunda e intencionada manipulación de la información sobre las estrategias étnicas de explotación de los recursos naturales -, no tienen un fin constructivo y, en ese sentido, carecen de validez. Sin embargo, en el contexto del colonialismo interno, documentan los mecanismos de reproducción del poder criollo mestizo en esta región, y su articulación, ahora, con estrategias "ecológicas". Se aprecia que el verdadero fin del PLUS es proporcionar datos sobre la ubicación de los recursos naturales en el Departamento de Santa Cruz a los bancos y a las élites cruceñas, para estimular la especulación y dinamizar el negocio con los buenos suelos de esta región.[16]

En nota al pie de página, cita el autor una comunicación por carta del año 1994 remitida por CIMAR (Centro de Investigación y Manejo de Recursos) dependiente de la UAGRM donde se señala que "es notorio particularmente el gran interés de los bancos en la documentación del PLUS". En estos términos, puede afirmarse que el "verdadero fin del PLUS es proporcionar datos sobre la ubicación de los recursos naturales (...) a los bancos y a las élites cruceñas," y si a ello se le suma la manipulación intencionada de la información sobre manejo tradicional de recursos, es posible admitir la existencia de un proceso orientado por una ideología de raigambre neocolonial, cuya meta propuesta, como en todas las manifestaciones de su género es el apoderamiento ilegítimo de recursos de quienes eligen emprender el camino del progreso.

Con relación a rasgos de neocolonialismo, Burkhard Schwarz declara que (negreado nuestro),

"...no sólo el proyecto Tierras Bajas del Este incluyendo su componente Proyecto de Protección de los Recursos Naturales en el Departamento de Santa Cruz" (PPRRNN) y Componente Indígena tienen un carácter neocolonial y etnocida, sino que éste es un problema estructural de todo el entorno de instituciones regionales de desarrollo que están financiadas interna y / o externamente y obedecen a las estrategias políticas estatales (...) El PPRRNN impulsó la aplicación de una costosa tecnología de punta encubierta con rótulos como protección de los recursos naturales, conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible. [17]

Además del problema estructural mencionado, existen otros, relativo a la ineficiencia en el uso de los recursos financieros uno, y a la irracionalidad del enfoque técnico adoptado. En nota al pie brinda el autor detalles al respecto (negreado nuestro):

Según CIMAR (1994 comunicación por carta), se estima que respecto de la relación costo-beneficios de la implementación del PLUS y del SIG, la inversión global de más de 10 millones de $US puede considerarse irracional, puesto que una organización nacional como CIMAR podría alcanzar los mismos resultados con una inversión de alrededor de 10% de estos costos. Por otra parte, según CIMAR (1994, comunicación por carta), el PLUS es también a nivel técnico un fracaso, porque las generalizaciones del mismo - producto de una escala demasiado pequeña y de la poca densidad espacial de los datos recogidos - significarán, probablemente, que los espacios homogéneos identificados para una valoración uniforme, en realidad no existen. p.10

Conviene recordar que, no obstante el reconocimiento de la debilidad en el plano institucional con el fin de prevenir desarrollos no sustentables, el Plan de Trabajo del Consorcio Prime asigna una función de importancia al PLUS, precisamente en la sección correspondiente a los anexos, bajo el apartado "Metodologías para Trabajos de Campo", específicamente en la parte dedicada al estudio de suelos; dice allí:

El especialista de suelos (Ing. Alejandro Guamán) es un científico con más de 30 años de experiencia y el autor principal de los estudios de suelos realizados como parte del PLUS. La mayor parte de su interpretación será realizada en base de los mapas PLUS u otros estudios propios que ha realizado en el AII o AID. Funcionará como asesor del equipo de biólogos poniendo el contexto biótico en un marco de geomorfología y de suelos.[18]

Por otro lado, se contempla la ejecución de una fase pre-campo que abarca las actividades vinculadas con los preparativos para la fase de campo, entre dichas actividades, se prevé la recopilación y evaluación de la información bibliográfica y cartográfica, centrada principalmente en el PLUS (1996). Resulta sugerente la propuesta inicial de realizar un conjunto de consultas con el fin de obtener criterios para mitigar impactos y hacer conservación, y que simultáneamente se proponga el uso de instrumentos inadecuados por la sencilla razón de que su verdadero fin es promover la reocupación de la tierra bajo distintos modos de producción.

Según B. Schwarz, estaríamos ante un despliegue de neocolonialismo, instrumentado mediante estrategias de desarrollo. Estas estrategias no implican otra cosa que la expropiación de los recursos a los grupos étnicos, aun cuando se las presente como planes de "desarrollo sostenible". Como afirma el autor (negreado nuestro),

Sin embargo, el concepto la estrategia y el accionar del PPRRNN - en realidad - corresponden a una lógica de redistribución de los recursos naturales en contra de los grupos étnicos en el Departamento de Santa Cruz, reproduciéndose así estructuras neocoloniales de poder en esta región. También es preocupante que el PPRRNN constituya parte de una estrategia de desarrollo que permita la intervención inorgánica de poderosos agentes externos en una magnitud cada vez mayor y de forma más directa. [19]

De tono premonitorio resulta la expresión de preocupación que exhibe el autor con relación a la creciente intervención de agentes externos y a su mayor incidencia en la toma de decisiones. El conflicto suscitado en torno al PCBC puede ser un buen ejemplo de una intervención "en una magnitud cada vez mayor y de forma más directa". Otra coincidencia con el presente estudio de caso.

Estos agentes - vistos desde una óptica indígena - parten no sólo de un sistema de valores ajenos, sino que, simultáneamente, ignoran la existencia de una rica diversidad de conceptos y prácticas ecológicas indígenas. [20]

Para finalizar nuestro análisis del CPC, consideramos apropiado citar una evaluación del mismo que brinda el citado informe de Vargas Ríos y Hamerschlag (negreado nuestro):

Como muestra de la ineficacia del CPC, en las diez primeras reuniones se discutió el conflicto de intereses entre el grupo consultor y el cuestionado Programa de Conservación de Bosque Seco Chiquitano (PCBC) y no se llegó a resolver el tema. Las heridas mal curadas que dejó la experiencia del gasoducto Santa Cruz – Cuiaba y la conformación del PCBC, tuvieron una incidencia negativa en el proceso de participación de la carretera. La situación fue tensa cuando se evidenció que una de las organizaciones miembro del consorcio formaba parte del controvertido PCBC y que gran parte del programa de conservación ambiental de la carretera estaba vinculado a los fondos del PCBC. [21]

La cuestión vinculada con la doble pertenencia del MHNNKM (grupo consultor y PCBC), así como la asignación común de fondos permiten tratar de manera unificada lo relativo al tema de participación y derechos indígenas en el ámbito de la construcción del gasoducto San Miguel - Cuiabá y del corredor de transportes Santa Cruz - Puerto Suárez. Esta situación de hecho otorga especial relevancia a la participación de WCS (Redford & Sanderson) en el debate sobre conservación, analizado mas adelante. Al respecto, el informe de M. T. Vargas Ríos y Kari Hamerschlag dice que (negreado nuestro):

Los reclamos de las ONG no se dejaron esperar y las denuncias de conflictos de interés entre el grupo consultor y PCBC concentraron gran parte del debate, restando credibilidad a los estudios y al grupo consultor, pero fundamentalmente esta discusión cambió el foco de atención de los actores. Después de 10 meses de debates interminables se llegó a un acuerdo entre las ONG, el gobierno y el Banco, para que el consorcio retire cualquier vinculación de los programas de conservación al programa del PCBC, entre tanto el Comité de participación y consulta perdió la posibilidad de hacer un análisis de calidad de los estudios y el gobierno aprovechó este espacio para adquirir mayor control de todo el proceso.[22]

Burkhard Schwarz señala uno de los impactos inducidos debido a proyectos de desarrollo impuestos según intereses propios de elites dominantes y cita como ejemplo los programas regionales de CORDECRUZ (PLAVERDE, PRODESA, PRODESAM) que "sólo apuntan a la transformación del componente agrícola, desestructurando el patrón de la agricultura ancestral". Agrega a renglón seguido que (negreado nuestro),

Al buscar la capitalización del sistema productivo chiquitano, crean nuevas dependencias económicas y conducen a una mayor expansión del área cultivada. Como producto de ello, se rompe la lógica ecológico-ritual del sistema agrícola ancestral y sus interrelaciones con los otros componentes productivos, pues se prioriza la agricultura en detrimento de otras actividades."[23]

Este autor denuncia la manipulación de las organizaciones indígenas, al hacer referencia a los planteamientos de los programas y proyectos de desarrollo. A este respecto, indica que,

"se destaca que los programas regionales de CORDECRUZ no cuentan con significativos análisis sobre la problemática indígena en el Departamento de Santa Cruz. A partir de sus estrategias económicas etnocidas no sólo tienden a desarticular los sistemas productivos chiquitanos, sino que crean unidades "étnicas" paralelas y las manipulan al subordinar las organizaciones intercomunales chiquitanas, directamente, a los objetivos productivos e intereses políticos institucionales (caso de MINGA, TURUBO, AMANECER y SURCOS).[24]

Por nuestra parte, destacamos la similitud en cuanto a la manipulación de las organizaciones indígenas, según B. Schwarz, con los intentos denunciados por la CPESC durante el proceso de consulta.

B. Schwarz dice al respecto de la Chiquitanía (negreado nuestro):

(...) se necesita estrategias económicas ecológicamente más compatibles, así como la reconstitución de una conciencia colectiva en favor de la protección de los recursos naturales en la Chiquitanía. Y ambos asuntos dependen, fundamentalmente, del grado de control étnico que alcancen las sociedades regionales chiquitanas sobre su territorio. Un verdadero proyecto ambiental en el Departamento de Santa Cruz, por lo tanto, tendrá que retomar los auténticos conceptos, estrategias y lógicas chiquitanas, como punto de partida. Además, se debe fortalecer esta etnia políticamente, para evitar las interferencias económicas exógenas. [25]

En otras palabras este autor propone el control étnico del acceso a los recursos estratégicos, dentro de un marco de emancipación cultural.

En general, en una perspectiva emancipatoria es fundamental considerar, por un lado, el potencial y la función de la ritualidad indígena como sustento de la sostenibilidad a largo plazo y, por otro, las condiciones mínimas para su reproducción. En este contexto, el control étnico sobre los recursos estratégicos - tanto desde el punto de vista de la cultura material como de la reproducción de la identidad étnica - y la cuestión territorial desempeñan un papel clave. [26]

Emilio Morán, por su lado, haciendo referencia a la situación en las áreas de transición en la Amazonía brasileña entre el bosque de tierra firme y el de cerrado, sostiene que (negreado nuestro),

Es preciso dar a las poblaciones indígenas derechos legales sobre esas áreas; con los adelantos de la agronomía, es dudoso que la ganadería, en el cerrado merezca los incentivos fiscales que ha venido recibiendo. El cerrado es capaz de soportar grandes poblaciones humanas; ha llegado el momento de que el hombre ocupe su lugar en ese ambiente favorecido, en lugar de dejarlo a los bueyes. [27]

Afirma E. Morán, que debe reconsiderarse la ganadería como técnica de ocupación, y los rebaños reducidos a las áreas no aptas para cultivos o con escaso interés biológico o forestal. Considera un imperativo el empleo de técnicas intensivas en la crianza del ganado, con el objetivo de evitar la deforestación de los campos de pastoreo (Morán p. 265). Morán halla justificación a esta concepción desde una visión global, que tiene en cuenta el crecimiento demográfico a escala mundial y la degradación de ecosistemas.

La ganadería extensiva como arma de colonización de grandes territorios es un lujo inaceptable en un mundo que pide mayor cantidad de cereales y áreas para la conservación.[28]
[1] Reglamento Operativo del CPC del Corredor Santa Cruz – Puerto Suárez. Archivo CPESC
[2] Véase: SUÁREZ, Rosa V.; CRESPO, Miguel A.; GUARDIA, Henry. Problemática socioambiental de gasoducto Bolivia - Brasil. La experiencia boliviana. Santa Cruz, Bolivia. PROBIOMA - Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) 2000
[3] Entrevista del autor a Miguel A. Crespo, Director de PROBIOMA. 22-12-2001
[4] Entrevista del autor a José Bailaba, Presidente de la CPESC, 20-11-2001
[5] Entrevista del autor a Rubén Darío Díez, Coordinador Técnico de la CPESC. Julio 2003
[6] VARGAS R., María T. et. al. Ob. Cit. Pg. 8
[7] Ibídem Pg. 8
[8] Ibídem Pg. 8
[9] SCHWARZ, Op. Cit. Pg. 12
[10] SCHWARZ, Op. Cit. Pg. 12
[11] SCHWARZ, Op. Cit. Pg. 11
[12] SCHWARZ, Op. Cit. Pg. 11, 12
[13] SCHWARZ, Op. Cit. Pg. 12
[14] Plan de Trabajo (Working Plan) para la Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa Cruz - Puerto Suárez. Consorcio Prime - Museo Noel Kempff Mercado - Potlatch. Internet: www.iadb.org
(*) Nueva Ley Forestal, No. 1700, del 12 de julio de 1996
[15] SCHWARZ. Op. Cit Pg.13
[16] Ibídem Pg.13
[17] Ibídem Pg.10
[18] Consorcio Prime - Museo Noel Kempff Mercado - Potlatch. (WP)
[19] SCHWARZ, Op. Cit. Pgs. 10, 11
[20] Ibídem Pg. 11
[21] VARGAS R., María T. et. al. Ob. Cit. Pg. 9
[22] Ibídem Pg. 9
[23] SCHWARZ, Ob. Cit. Pg. 12
[24] Ibídem Pg. 13
[25] Ibídem Pg. 14
[26] SCHWARZ, Op. Cit Pg. 14
[27] MORAN, Op. Cit. Pg. 245
[28] Ibídem Pg. 245

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