Thursday, July 28, 2005

3.2.1 Programa Indígena - PI

El PI ha tenido un proceso de creación que incluyó negociaciones entre la CPESC, el Consorcio Prime, el gobierno central y el BID. A continuación, citamos la justificación esgrimida por el Consorcio Prime sobre la necesidad de un Programa Indígena – PI. En un principio llamado Programa de Desarrollo de Pueblos Indígenas – PDPI (negreado nuestro):

La EAE ha concluido que, no obstante el gran avance en el tema de la tierra, los pueblos indígenas estarán en situación altamente vulnerable frente al desarrollo inducido por la Carretera. A diferencia de los impactos puntuales y temporales de los gasoductos, la Carretera desencadenará un proceso estructuralmente de ocupación socioeconómica de la región que tenderá a desestabilizar aún más la organización social de las comunidades. En correspondencia con esos impactos, son necesarias medidas de fortalecimiento que den a las comunidades indígenas condiciones permanentes de participar con más peso en el proceso socioeconómico y político regional. El PDPI Regional prevé los siguientes componentes: 1) Conclusión del Saneamiento y Titulación de tierras, atendiendo también comunidades que sólo ahora están consiguiendo formular sus demandas (ejecución a través del Programa general de Saneamiento y Titulación); 2) Fortalecimiento Institucional y Organizativo, mediante un Fondo Fiduciario a ser instituido en el marco del Convenio de Fondo Indígena; 3) Desarrollo Productivo Sostenible; 4) Gestión Ambiental de sus territorios; 5) Desarrollo Humano y Condiciones Sociales Básicas; 6) Participación y Derechos Ciudadanos. Los ítems 3, 4 y 5 serán materializados mediante la inclusión equitativa (y en algunos casos prioritaria) de las comunidades indígenas en los Programas de Incentivo al Desarrollo Sostenible, Conservación y Gestión Ambiental, y Desarrollo Comunitario.[1]

El Programa Indígena es a su vez parte del Programa de Protección Ambiental y Social (PPAS) del Corredor de Transportes Santa – Cruz –Puerto Suárez, elaborado durante los estudios de la Evaluación Ambiental Estratégica. En el documento del PPAS se lee que (negreado nuestro),

Es propósito del Programa Indígena (PI) fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones y comunidades de Pueblos Indígenas en el AII, así como contribuir al desarrollo de alternativas de mediano y largo plazo ante los impactos indirectos y acumulados del Proyecto del Corredor. El objetivo específico del PI es fortalecer las 7 organizaciones zonales indígenas existentes en el área de influencia de la carretera, de modo que ellas puedan: Participar en mejores condiciones en el juego político democrático; actuar como sector social organizado en la defensa de sus intereses (tal como lo hacen, legítimamente, otros sectores como los ganaderos, productores agrícolas, sector industrial, bancario, etc., cuyos asociados pueden contribuir en el funcionamiento de sus asociaciones); promover el desarrollo social y productivo de sus comunidades, actuando en el ámbito municipal para que las comunidades indígenas sean tratadas de forma equitativa en la definición de proyectos financiados con recursos de la coparticipación tributaria, y de forma prioritaria en los de combate a la pobreza; disponer de estrategias de desarrollo sostenible de sus territorios, a través de iniciativas que integren instrumentos de planificación participativa, zonificación ecológica y económica, y que promuevan proyectos de manejo de recursos naturales, planes de manejo forestal, agropecuarios y de gestión ambiental; Captar el apoyo de la cooperación internacional para acciones de promoción social y productiva.[2]

En el Plan de Trabajo del Consorcio Prime, también se aprecia el sentido que se le quiere dar al PI. Se lee,

(…) las demás acciones previstas en el PI constituyen medida mitigadora de los impactos acumulados, sinérgicos y de largo plazo que el desarrollo inducido por el Corredor causará a los pueblos indígenas Chiquitanos, Ayoreode e Izoceño-Guaraní que viven en el área de influencia de la carretera. Los recursos generados por el Fondo constituirán un mecanismo de soporte a las centrales étnico zonales indígenas, para contribuir en el mediano plazo y sosteniblemente, a un proceso de fortalecimiento organizativo e institucional que les permita condiciones básicas para enfrentar procesos de cambio, participar en los mecanismos interinstitucionales de decisión y gestión socioambiental en el AII. [3]

A mediados del año 2001, la CPESC envió al BID una carta con sus observaciones y propuestas al “Programa de Protección Ambiental y Social (PPAS) del Corredor de Transportes Santa Cruz - Puerto Suárez”. Sobre el Programa Indígena, dicen (negreado nuestro),

Analizando el documento del Programa Indígena, elaborado por el equipo consultor vemos que muchas de las demandas de las comunidades recogidas en la tercera consulta no están plasmadas en este programa ni en ningún otro programa del PPAS, principalmente todas nuestras propuestas de desarrollo productivo inmediato en las comunidades. En relación a esta situación vemos que el PPAS, nos está definiendo un futuro como peones, cargadores y mendigos al no priorizar con mayor énfasis, recursos económicos para las iniciativas productivas rentables y con tecnología mejorada de las familias indígenas que somos las vulnerables de todo este proceso de desarrollo y de expansión de las fronteras comerciales.[4]
[1] Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor - Informe Final Archivos CPESC
[2] Programa de Protección Ambiental y Social (PPAS) del Corredor de Transportes Santa Cruz - Puerto Suárez. Plan Operativo Bo - 0033 (Producto 5 Borrador). Consorcio Prime - Museo Noel Kempff - Potlatch
[3] Plan de Trabajo (Working Plan) para la E A E del Corredor de Transportes Santa Cruz – Puerto Suárez Consorcio Prime – Museo Noel Kempff - Potlatch
El párrafo citado tiene una acotación a pié de página: “Consideraciones del Panel Asesor sobre el tema: El Fondo de Fideicomiso indígena constituye una buena salida para solventar una ayuda relativamente permanente a las plataformas regionales y sub-regionales, lo que permitirá “sostener” a las dirigencias para que ayuden, a su vez, a las comunidades en sus procesos de planificación, participación y resolución de conflictos. Esta iniciativa puede ser relacionada de alguna manera con la “deuda social” e histórica existente para con los pueblos indígenas, pero los referentes del Fondo siguen siendo – inevitablemente – asistencialistas, ya que se justifican a partir de la incapacidad logístico-financiera de las organizaciones indígenas de reproducir su aparato organizativo. Este Fondo de Fideicomiso debería ser el último apoyo de esta naturaleza a las organizaciones locales; en adelante, el reto deberá ser cómo promover un desarrollo local sostenible que permita, al mismo tiempo, reproducir la sociedad y la economía, incluyendo las organizaciones y sus representantes, mediante un sistema de cuotas que deberían proceder de los excedentes monetarios de las familias y comunidades. Este objetivo debería estar explícitamente plasmado en los planes para el desarrollo futuro de la región.”
[4] Carta de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz a Carlos Aguirre, Jefe del Proyecto en Bolivia (BID), del Corredor Santa Cruz - Puerto Suárez. Ref.: Observaciones y propuestas consensuadas de las organizaciones indígenas para la incorporación en los programas del Plan de Protección Ambiental Social de la Carretera Santa Cruz - Puerto Suárez.

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