Thursday, July 28, 2005

3.2.1 Rondas de Consulta

Según el Consorcio Prime las rondas de consulta pública tuvieron el siguiente propósito:

Atendiendo a los términos de referencia, el Consorcio conceptuó y ejecutó un amplio programa de consultas públicas con las comunidades afectadas, de forma de asegurar la participación informada de las mismas en todo el proceso de preparación del Proyecto. La Consulta Pública fue concebida con el propósito de apoyar a los sectores sociales presentes en el área de influencia del Corredor, en la búsqueda de consensos y acuerdos internos, para efectos de materializar sus propuestas y articularlas como grupos culturalmente diferenciados en el diseño del Plan de Acción; además de servir como insumo para completar el diagnóstico de la situación socioeconómica y sociocultural de los diferentes grupos.[1]

Se realizaron tres rondas de consulta pública. La primer ronda se describe a continuación:

La primera fase de Consulta Pública comprendió 13 talleres, 7 en municipios y 6 con las comunidades indígenas Ayoréodes, Izoceño-Guaraní y Chiquitanas. Se realizó entre el 5 de octubre y el 13 de noviembre de 1999, y contó con la participación de 451 ciudadanos, autoridades y representantes de 106 comunidades. Posteriormente a los talleres se realizó la primera reunión del Comité de Participación y Consulta - CPC y un taller de consulta y divulgación con las organizaciones de la sociedad civil (en 15 y 16 de noviembre de 1999, respectivamente). Varias ONG indicaron que sería necesario ampliar el proceso de consulta, hacer reuniones en las zonas más remotas y no sólo en los centros municipales, y dedicar más tiempo a las comunidades para que ellas pudiesen comprender las repercusiones del Proyecto y adoptar una posición pertinente en lo que respecta al Plan de Acción completo y no sólo a una versión resumida del mismo. A fin de lograr esto, se acordó: 1) Ampliar el alcance de la Segunda Ronda, con relación a lo previsto en Plan de Trabajo del Consorcio; y 2) Realizar una Tercera Ronda de Consultas, para discutir las conclusiones y propuestas del estudio como un todo.[2]

Ampliación de la segunda ronda,

La ampliación de la Segunda Ronda consistió en: 1) preparar y divulgar con anticipación un documento con las propuestas de programas, para que sirviera de instrumento para las discusiones durante la segunda fase; 2) Realizar talleres en cada sede municipal (en lugar de foros regionales por provincia según se preveía en el Plan de Trabajo original): 3) Realizar talleres zonales con representantes de cada comunidad indígena, según sus organizaciones étnicas-zonales (más amplias que las reuniones con las organizaciones regionales indígenas previstas en el Plan de Trabajo). El compromiso asumido de adelantar la preparación de un "Primer Borrador del Plan de Acción" y de divulgarlo ampliamente fue cumplido. El 20 de diciembre último el documento fue concluido e inmediatamente enviado a las autoridades del Servicio Nacional de Caminos, VMARNDF, al BID, a diversas instituciones gubernamentales, organizaciones indígenas y ONG. Se puso en marcha también una divulgación masiva del documento en los 6 municipios atravesados por la carretera, alcanzando las diferentes instancias municipales, medios de comunicación, comités cívicos, organizaciones de productores, ONG, presidentes de OTB y la gran mayoría de las comunidades rurales. Entre el 20 de diciembre y el 5 de enero se distribuyó cerca de 225 juegos del documento. Cada juego incluyó también un volumen con los Informes de los Talleres de la Primera Ronda, de forma de tornar accesible a todas las posiciones vertidas en los Talleres. En las ciudades cabeceras del municipio se hizo también una amplia divulgación por radio y TV, llamando a la población a consultar ejemplares dejados en local público a disposición de los interesados. La segunda fase de Consulta Pública se efectuó entre el 24 de enero y el 20 de febrero de 2000, realizándose 11 talleres de dos días en: 1) las poblaciones de Puerto Quijarro, Puerto Suárez, El Carmen, Roboré, San José, y Pailón, y 2) con representantes de las comunidades indígenas vinculadas a las Centrales Chiquitanas Turubó, Amanecer y Germán Bush, con los representantes del pueblo Ayoreo, evento coordinado a través de CANOB, y con los Izoceño-Guaraní, evento coordinado con CABI. Además se efectuó una reunión informal de presentación de primeros resultados de la segunda fase de consulta con CIDOB. Hubo una cobertura cercana al 100% de todas las comunidades localizadas en el área de influencia de la carretera. Según los registros de asistencia, participaron representantes de 126 comunidades y 464 personas. El total de asistentes fue mayor, dado que en el taller del Izozog se reunieron más de 200 personas, pero sólo se registraron 112. Los talleres con los pueblos indígenas tuvieron una cobertura de representantes del 100% de sus comunidades.[3]

Sobre el desarrollo de la tercer ronda de consulta se adelantaba que,

La tercera ronda de consulta se realizará con base en el Informe Final del EEIA y Evaluación Ambiental Estratégica. En la tercera ronda, serán los propios representantes comunitarios (ya elegidos en las reuniones de la segunda ronda) quienes promoverán la discusión del Plan de Acción en cada comunidad, para después ir consolidando las conclusiones en talleres por municipio y organización zonal indígena, y finalmente en un Taller Final. Se espera que en ese proceso varios miles de personas participen directamente en las discusiones. [4]

Consultado sobre las rondas de consulta, Rubén Darío Díez declaraba: Nosotros hemos visto que el tema éste de la consulta se ha convertido en un simple show social, en un simple requisito para obtener la Ficha Ambiental para la construcción (…) Hemos hecho observaciones a una primer consulta, donde se hacían simples levantamientos de expectativas de los comunarios, pero no se comentaba el impacto y el daño real que podría causar, ni los beneficios que podría dar también, la construcción de la carretera. Eran reuniones de levantamientos de datos, y para nosotros, eso no es consulta. Hubo una segunda consulta, y un cambio de operadores, en este caso viene el Consorcio Potlatch, Prime y el Museo, para mejorar una primera consulta y según versiones de ellos, por presión del tiempo que tenían, volvieron a incidir en lo mismo: hacer talleres de levantamientos de datos y lo único que se cercioraron de hacer, fue levantar acta que ellos estuvieron en ciertas comunidades (…) Esa segunda consulta tampoco fue para nosotros, como entidades organizativas, bien elaborada. Por lo tanto, propusimos una metodología de consulta, que es la única experiencia que hasta ahora existe y que nosotros ahora podemos ya, orientar a otros procesos. Se formaron promotores del proceso de consulta, pero promotores indígenas. Fue un grupo de promotores que recibió la información directa de todo lo que ha sido y lo que es, el Estudio de Impacto Ambiental, lo que es el procedimiento para obtener la Ficha Ambiental, lo que son los aspectos normativos para toda obra de esta magnitud, según la legislación nacional y además se llegó a concertar ciertos criterios para el tema de la exposición y levantamiento de datos de las comunidades. Entonces esta tercera consulta es para nosotros la reconocida, la más, vamos a decir así, la consulta por la cual se debería trabajar, no es todavía una metodología acabada, es una primera experiencia, pero, lastimosamente, el presupuesto que demandó esta tercera consulta no fue aprobado ni por el prestatario, el BID, ni por el Gobierno, porque todo el PPAS ascendía a más de 350 millones dólares, para realmente resarcir los daños de acuerdo a la magnitud de los impactos. Entonces, ahí viene ya el tema de la manipulación de la consulta: Por decisión del Gobierno y por instrucción directa de este Gobierno al Consorcio que estaba contratado para hacer este trabajo, se le dice que la consulta, los programas de resarcimiento de impacto ambiental no deben pasar de entre 15 a 20 millones de dólares para todos los programas que se pueda establecer. Entonces, para nosotros, desde ese momento hemos dicho que no ha habido tal consulta, porque lo que se hizo como consulta quedó a un lado y hay ese estudio, pero ese estudio nunca se lo publicó y ha quedado ahí en archivo.”[5]

En el espacio que sigue a continuación, analizaremos las referencias contenidas en el informe elaborado por Banc Information Center a cargo de las citadas autoras M. Vargas y Karen H., relativas a las deficiencias y omisiones registradas en diferentes instancias dentro del proceso de consulta directa realizado por el equipo consultor a los actores locales en el área de influencia del proyecto. En el lapso que va desde noviembre de 1999 y diciembre de 2000 se realizaron tres rondas de consulta. El informe da cuenta de la existencia de deficiencias funcionales en la estructuración de la consulta, tal como reza en el mismo:

Durante el desarrollo de la primer consulta el Bank Information Center (BIC) identificó varios problemas en la metodología, que incidían directamente en la calidad de las consultas. Entre ellos figuraban: 1) la omisión en la distribución de información escrita relativa al proyecto; 2) el exceso de confianza en las autoridades locales para invitar a los participantes, excluyendo así a importantes grupos afectados de las comunidades más distantes; 3) un exceso de énfasis en los problemas actuales de la gente, y menos énfasis y discusión de los impactos potenciales y las medidas de mitigación; y 4) falta de coordinación con las organizaciones indígenas y campesinas y ONG locales en la organización de las consultas. En la primera ronda de consulta, el acceso y distribución de información a los grupos locales fue bastante pobre y supuestamente se debió al hecho que no se trataba de una consulta en el sentido estricto de la palabra, sino de un acercamiento del grupo consultor a las comunidades locales.[6]

Desde el comienzo puede percibirse la tendencia a la exclusión de los grupos indígenas del acceso irrestricto a la información acerca del proyecto, por una parte, y, por otra, el criterio sesgado adoptado por las autoridades locales en la selección de los participantes. Existe un trabajo, citado en el apéndice anterior, donde se describe la situación de las comunidades chiquitanas ante los impactos generados por las políticas de desarrollo. Aparecido en el N° 15, en julio de 1996 en la revista Unitas, bajo el título ¿Desarrollo sostenible o desarrollo etnocida?, su autor advierte que (negreado nuestro),

…en el Oriente de Bolivia las actuales estrategias de desarrollo sostenible están impactando profundamente sobre los intereses indígenas, con una clara tendencia a desestructurar el potencial ecológico de las lógicas étnicas de explotación de los recursos naturales. [7]

En nota al pie de página el autor aclara que no se trata de un juicio personal, ya que éste coincide con conclusiones similares emitidas por otros investigadores en sus respectivos trabajos (negreado nuestro):

Esta apreciación no es sólo el resultado de un estudio de caso sobre los chiquitanos realizado por el autor, sino está plasmada también en otros estudios sobre las etnias del Oriente boliviano, particularmente en el caso de los ayoreos y guarayos. Refiriéndose a los guarayos, Senft (autor de otro estudio) destaca, por ejemplo, que "evidentemente los esfuerzos de la organización de desarrollo rural en la provincia Guarayos (PRODEGUA)" tenía un carácter más etnocida que positivo" (Senft, W (1994 Informe de trabajo del levantamiento de Guarayos. Estudio sobre el uso de la tierra y desarrollo regional en la provincia Guarayos, Departamento de Santa Cruz, Bolivia, Santa Cruz de la Sierra y Hamburgo pg.32).[8]

Advierte el autor acerca de los serios riesgos que entraña la práctica de políticas etnocidas. Lo hace en estos términos (negreado nuestro):

El mantenimiento de la actual política "ecológica" y del patrón de "desarrollo sostenible" vigente puede conducir a la conversión de la Chiquitanía en un paisaje como la Amazonía brasileña en su estado actual. Esto ocurriría si se repite el mismo error histórico cometido ahí, al borrar del mapa a las etnias amazónicas: excluir la opción de un desenvolvimiento étnico autocentrado y sostenible a partir de conceptos, estrategias y lógicas étnicas.[9]

Coincide en sus afirmaciones con las argumentaciones que tuvimos oportunidad de revisar en el ámbito del debate sobre conservación en el Amazonas, citado más adelante. En forma somera, se decía allí que la presencia de pobladores en el bosque era la única forma de garantizar su conservación a largo plazo. El desarrollo implementado en la Amazonía brasileña (carretera transamazónica, ganadería extensiva, minería) ocasionó desplazamientos de grupos étnicos y la consiguiente pérdida de conocimientos ancestrales específicos aptos para el uso sostenible de los recursos. Así se llegó a índices de deforestación sin precedentes.

Cabe recordar aquí un fragmento de una de las exposiciones del debate analizado. La cita corresponde a Schwartzman et al., "Discutiendo la conservación del bosque tropical: la gente versus los parques", donde se da cuenta que, como consecuencia de la ocurrencia del fenómeno de El Niño (1997-1998), resultaron disecados hasta el límite de inflamabilidad, 1,5 millones de km2 de bosque amazónico, equivalente a la tercera parte del área boscosa en la Amazonía que aún permanece en pie. Los autores nos recuerdan que (negreado nuestro):

La mayor parte del bosque no se prendió fuego porque se encuentra lejos de la frontera agrícola. Con la pavimentación de más de 4000 kms de carretera dentro de la región central de la Amazonía, ocurrirán incendios de bosque a gran escala, así como habrá 100.000 -180.000 kilómetros cuadrados de deforestación adicional. Esta escala de amenaza para la Amazonía y otras formaciones de bosques tropicales grandes debe enmarcar nuestra aproximación a la conservación.[10]

La advertencia final se aplica al caso estudiado. Es notable la coincidencia con los temores expresados por Schwarz en el párrafo de cita precedente, en relación con el futuro para el bosque seco chiquitano si se desarticula las estrategias de conservación locales. Tal desarticulación puede tener lugar debido al desplazamiento de un grupo étnico, o por la asimilación del mismo por la cultura dominante.

Un esquema de la segunda ronda de consultas según el informe del BIC. Con el fin de ampliar la segunda ronda - se nos relataba en el informe - mediante la inclusión de las poblaciones más alejadas de los centros urbanos y la realización de talleres exclusivos con comunidades indígenas, el equipo consultor reformuló su estrategia, respondiendo a los reclamos del BIC y de otras organizaciones sobre el proceso de consultas. De esta manera, la segunda ronda significó un progreso con relación a la primera, a partir de la ampliación de la consulta a las comunidades indígenas. A pesar de lo cual, poco más adelante el informe dice:

No obstante, la segunda ronda de consulta fue insuficiente para ampliar sustancialmente las consultas en las comunidades más alejadas y faltaba traducir los documentos en lenguaje culturalmente apropiado y comprensible para la gente con un nivel reducido de educación formal. El lenguaje altamente técnico y los grandes volúmenes de información que contenía el Plan de Acción, impidieron cualquier posibilidad de análisis no sólo para las comunidades, sino también para muchas ONG. Por otro lado, el tiempo dedicado a cada taller (dos días) y la metodología empleada continuaban siendo barreras para generar el marco adecuado que permita profundizar la discusión y avanzar en el análisis y priorización de las medidas recomendadas por el Plan de Acción.[11]

Las deficiencias registradas en este caso por el informe del BIC no serían sino procedimientos de rutina, normales, tal como manifiesta Burkhard en su artículo, en efecto (negreado nuestro):

Las estrategias de desarrollo sostenible - que generalmente se plasman en propuestas y acciones tecnocráticas - son irracionales desde la óptica indígena. Lo son puesto que se basan en modelos deductivos descontextualizados, que no parten de un análisis previo ni abordan la temática ecológica a partir de la heterogeneidad de las complejas realidades socio-espaciales y étnico-culturales regionales. También lo son por las limitaciones de los planteamientos institucionales frente a la dimensión y complejidad del problema ecológico en los distintos contextos étnicos, porque no toman en cuenta la existencia de enfoques e ideologías ecológicas y económicas en las poblaciones indígenas, las cuales están basadas en su sostenibilidad a largo plazo. [12]

Denuncia el autor las condiciones de exclusión de los puntos de vista indígenas y de inaccesibilidad al contenido de propuestas presentadas en un lenguaje inapropiado, descontextualizado, que están además (negreado nuestro),

Inspiradas en las lógicas analíticas occidentales, estas estrategias aíslan y limitan la temática ecológica a diagnósticos de distintos componentes de los ecosistemas en cuestión, pero guardan una profunda disfuncionalidad estructural con los intereses materiales y espirituales de los grupos étnicos en cuyo hábitat se realizan. En ese sentido, coadyuvan, incluso, a la desestructuración de los espacios indígenas y a la destrucción del conocimiento íntimo de los grupos étnicos sobre la naturaleza, la ecología y la explotación racional y sostenida de los recursos naturales. [13]

La "profunda disfuncionalidad estructural" existente entre los intereses de los "actores sociales consultados" alcanza no solamente a los componentes reconocidos en el estudio de impactos ambientales de los proyectos de desarrollo, sino también a los identificados por el autor como "intereses espirituales". Esto tiene que ver con el manejo de los recursos con criterios de sostenibilidad en el largo plazo que tradicionalmente han realizado los grupos originarios amazónicos. Como el mismo Burkhard lo especifica:

Lo socio cultural y lo ecológico cultural siguen constituyendo un gran potencial para una posible reestructuración del sistema productivo y para la explotación racional y sostenible de los recursos naturales de la Chiquitanía, en el futuro. La reactivación de estas funciones sería indispensable si se quiere mantener la estrategia étnica en el interior del sistema productivo chiquitano, de grandes ventajas comparativas para la ecología. Aquí desempeña un papel clave el control étnico sobre los recursos naturales estratégicos: hídricos y forestales.[14]

No hay dudas al respecto, la presencia de la cultura en los sistemas tradicionales de manejo de recursos naturales se verifica en los relatos orales que se transmiten de generación en generación. Más aún, asegurar la conservación del hábitat en términos ecológicos pasa por hacer lo propio con respecto a la continuidad de los pobladores que han mantenido el valor ecológico del mismo. A su vez, es éste un factor de peso que fortalece la demanda territorial indígena por razones que exceden el mero marco jurídico, pudiendo ser,

Una solución al problema territorial que conduzca a una expansión adecuada del espacio controlado por las sociedades regionales chiquitanas y la reconstitución del control chiquitano sobre la totalidad de sus recursos vitales y estratégicos en el interior del espacio que, legítimamente, les corresponde, tiene que considerarse como una premisa imprescindible para asegurar la capacidad de reproducción de esta etnia en el futuro.[15]

El informe del BIC continúa con las observaciones vinculadas con la transparencia del proceso de consulta, y menciona que en ocasión de la segunda ronda, el grupo consultor distribuyó en forma previa - un mes antes de su realización- y más amplia información sobre el proyecto y utilizó la radio en la difusión de los estudios. Insuficiente, sin embargo, como su autora admite, dado que (negreado nuestro),

(…) los problemas de acceso a la información volvieron a surgir cuando concluyó el primer borrador del Informe Final de EAE y solo se distribuyeron 11 ejemplares, la gran mayoría a las entidades del gobierno y al banco. Las ONG tuvieron que peregrinar a distintas oficinas para acceder a los documentos y las comunidades locales, e indígenas, simplemente no tuvieron acceso a ésta información.[16]

Si no hay interés en informar a estos actores, quienes, conviene recordar, han sido "reclutados" es porque resulta indiferente para el caso que nos ocupa, si se tiene en cuenta la declaración del Plan de Trabajo del Consorcio Prime, relativa al logro del "nivel propositivo esperado" que se "induce mediante una ambientación metodológica". Schwarz, por su parte, señala el precio de estas estrategias de desarrollo:

La situación, actualmente, se caracteriza por el riesgo de una acelerada desarticulación de los sistemas productivos chiquitanos y su asimilación económica por el sector no indígena. Se puede constatar, además, que son las funciones socio y ecológico cultural las que primero han sido desvirtuadas por las intervenciones e ideologías exógenas. [17]

Pasamos a la tercera ronda, organizada a partir de las sugerencias hechas al banco por las ONG locales e internacionales, y particularmente por el BIC a raíz de las deficiencias señaladas. En forma concreta, se le sugirió al BID;

Realizar una tercer ronda de consulta profunda y exhaustiva, para cubrir vacíos y problemas encontrados de la primera y segunda rondas de consulta. Al mismo tiempo BIC sugirió que el diseño de esta consulta se realice con alta participación de actores locales. En respuesta a estas preocupaciones el banco y el gobierno aceptaran apoyar una tercera ronda de consulta que se ejecutó entre noviembre y diciembre del 2000 con algunas modificaciones importantes tanto en la metodología como en el enfoque de las mismas.[18]

Entre las modificaciones importantes, la primera que destaca el informe es la sustitución del grupo consultor por una ONG local con experiencia en temas de participación e indígenas. Continúa el informe diciendo que (negreado nuestro),

El segundo aspecto novedoso de esta consulta fue el esfuerzo por incorporar el sentido local en la consulta, al promover la incorporación de 60 personas de las comunidades, para desarrollar gran parte de la consulta en sus respectivas localidades.[19]

Siguiendo el criterio desarrollado en esta investigación, hacemos hincapié en el hecho de constituir una "modificación importante" la realización de un esfuerzo destinado a lograr que la consulta sea inteligible y justificable a los ojos de quienes serán los más afectados por el proyecto. Atribuirle esta calificación a un empeño tal es un claro indicador del perfil excluyente del proceso con respecto a los pueblos indígenas ¿No resulta razonable asegurarse de que en este caso esté disponible para ellos el acceso irrestricto a la información? Aunque sea un "aspecto novedoso", no deja de ser una tentativa no del todo exitosa, como se verá más adelante. Continuamos con las mejoras (negreado nuestro):

El tercer aspecto positivo, fue el intento por elaborar un documento social y culturalmente apropiado para la región. El Cuarto aspecto relevante ha sido la participación y capacitación de 60 lideres comunales. El proceso se inició con la elaboración de la cartilla y luego con un curso de 10 días sobre el contenido del Plan de Acción, las medidas de mitigación y el marco institucional para su implementación, utilizando como instrumento la cartilla. Aparte de la subjetividad del proceso, el resultado es que un número importante de personas de las comunidades, tiene un conocimiento más amplio del proyecto y de sus posibles implicaciones.[20]

Nuevamente se menciona la tentativa de elaborar un documento que por sentido común debería contemplar las peculiaridades socioculturales. En cuanto al "cuarto aspecto relevante", la participación y capacitación de líderes comunales, estuvo restringida al ámbito de la "ambientación metodológica" impartida en el curso sobre el contenido del Plan de Acción, etc. Refuerza esta apreciación la calificación del proceso como subjetivo. La siguiente modificación importante, quinta de la serie, se refiere a la ampliación de la consulta en estos términos (negreado nuestro):

El grupo consultor hizo los esfuerzos para ampliar la consulta y llegar a las comunidades más alejadas a través de facilitadores y promotores, proceso que continuó con la realización de 12 talleres (de un día) en los municipios y organizaciones zonales indígenas, similar a la segunda ronda de consulta. Sin embargo, este proceso cerró con dos grandes talleres: la Plenaria indígena y el taller de discusión final que se realizo en la ciudad de Santa Cruz. El repliegue del equipo consultor para dar paso a la participación activa de actores locales en todas las etapas de la elaboración de consulta le dio mucho más solidez y legitimidad a la tercer ronda de consulta. Esta reconducción del proceso permitió alcanzar mayor cobertura, generar capacidad y conocimiento local sobre el proyecto, ganar la confianza de los actores locales y avanzar en la promoción de la participación sustantiva de las comunidades locales. [21]

Nuevo reconocimiento a los esfuerzos dedicados a legitimar la consulta, aunque según veremos inmediatamente han sido finalmente estériles dada la reflexión que cierra esta parte del informe elaborado por el BIC, transcripta a continuación (negreado nuestro):

Antes de iniciar la tercera ronda de consulta, se dio un salto cualitativo, al elaborar una cartilla educativa de aproximadamente 30 páginas que sistematiza la EAE, con un lenguaje más apropiado a las comunidades rurales con un nivel promedio de escolaridad 2,5 años. Un esfuerzo importante pero todavía insuficiente considerando que muchas comunidades quedaron excluidas de una participación sustantiva, ya que están por debajo de ese promedio de escolaridad.[22]

A pesar de todos los esfuerzos, la exclusión se impone. Aparentemente el problema sería el promedio de escolaridad. Pensamos que no es así.

"porque tú tienes un PhD y el otro tipo no sabe leer, esto no significa que tú sabes más sobre botánica que lo que él sabe."[23]
[1] Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor de Transporte Santa Cruz – Puerto Suárez. Resumen Ejecutivo del Informe Final, Archivos CPESC
[2] Ibídem
[3] Ibídem
[4] Ibídem
[5] Entrevista del autor a Rubén Darío Díez, Coordinador Técnico de la CPESC, 2003
[6] VARGAS RÍOS, María Teresa y HAMERSCHLAG, Kari. El proyecto corredor bioceánico Santa Cruz – Puerto Suárez: Un estudio de caso. Banc International Center – BIC. Julio de 2001. Pg. 9
Maria Teresa Vargas, es Master en Relaciones Internacionales con énfasis en Economía Ecológica y Desarrollo Sostenible. Kari Hamerschlag fue la directora del programa América Latina y el Caribe del Centro de Información sobre Bancos Multilaterales. El BIC es una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos que da seguimiento a la política y los proyectos de bancos multilaterales.
[7] SCHWARZ, Burkhard ¿Desarrollo sostenible o desarrollo etnocida? Unitas N° 15-07-1996 Pg.9-10
[8] SCHWARZ, Op. Cit. Pg.10
[9] SCHWARZ, Op. Cit. Pgs. 12, 13
[10] SCHWARTZMAN et al.Ob. Cit. Pg. 1370
[11] VARGAS RÍOS, María T. et. al. Ob. Cit. Pg.10
[12] SCHWARZ, Op. Cit. Pg. 11
[13] SCHWARZ, Op. Cit. Pg.11
[14] SCHWARZ, Op. Cit. Pg. 13
[15] SCHWARZ, Op. Cit. Pg.14
[16] VARGAS R., María T. et. al. Ob. Cit. Pg. 12
[17] SCHWARZ, Op. Cit. Pg. 12
[18] VARGAS R., María T. et. al. Ob. Cit. Pg. 10
[19] Ibídem Pg. 10
[20] Ibídem Pgs. 10, 11
[21] Ibídem Pg. 11
[22] Ibídem Pg. 12
[23] MOONEY, Pat Roy. Development Dialogue, The Parts of Life, Agricultural Biodiversity, Indigenous Knowledge, and the Role of the Third System Dag Hammarskjold Center, Uppsala, Suecia 1997 Pg. 76

No comments: