Thursday, July 28, 2005

4. CONCLUSIONES


4.1 Gestión y Conservación

La controversia en torno a la cientificidad del conocimiento indígena es un tema crucial que a nuestro juicio constituye el punto principal de las demandas que analizamos. En efecto, la negativa expresa del Consorcio Prime de reconocer la capacidad ancestral de las comunidades indígenas en el manejo y la conservación de los recursos en el largo plazo, capacidad que atestigua la existencia de conocimientos científicos generados en el seno de su cultura, implica lisa y llanamente el avasallamiento pleno de sus derechos, y funciona simultáneamente como coartada para justificar este avasallamiento.

Esta negativa es inadmisible en términos legales, e insostenible desde un punto de vista científico. En contraste con estas afirmaciones, recurrimos a testimonios documentales incluidos en esta tesis que desvirtúan la validez de la posición asumida por el Consorcio Prime. No creemos que las organizaciones conservacionistas que componen el Consorcio hayan dedicado el suficiente tiempo a estos aspectos, que resulte equiparable al grado de adaptación alcanzado por las etnias locales. Si manejaban el ambiente, y superaban sus limitaciones, entonces, carece de sustento aquello del "bajo impacto de sus prácticas productivas en un contexto de muy baja densidad de ocupación".

En breve, existe una grave contradicción entre los científicos contratados por el Consorcio y los autores de los trabajos de investigación de los cuales han sido tomadas todas las referencias. La inexistencia, en un proyecto ambiental, de un rol relevante a cargo de las comunidades indígenas crea serias dudas en cuanto a la posibilidad de cumplir con el objetivo de conservar el bosque.

4.2 Participación y Consulta

De acuerdo con la exposición y análisis de las evidencias documentales disponibles que integran esta investigación, es posible afirmar, que en el marco institucional del proyecto de construcción del corredor de transportes Santa Cruz-Puerto Suárez no se prevé la participación efectiva de las poblaciones localizadas en el trazado previsto para el mismo y en las áreas adyacentes o de influencia, donde se presupone la ocurrencia de impactos directos e indirectos.

La participación de los lugareños (etnias, comunidades rurales o poblaciones urbanas), si ha de hacerse efectiva, debe traducirse en acciones decisorias en las actividades ligadas al diseño, la implementación y el control de planes de manejo de los recursos naturales. Además, su participación debe incluir amplias facultades emanadas de derechos reconocidos e inalienables en todo lo relativo a la mitigación y prevención de impactos, cuya incidencia negativa menoscaba la capacidad de las comunidades para controlar el acceso a dichos recursos y para mantener viva su cultura y asegurar su continuidad. Tal participación es una exigencia jurídicamente tutelada.

La Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 1989), establece la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas al uso, propiedad, manejo y control de sus tierras y territorios tradicionales. Habiendo sido ratificado dicho convenio por nuestro país, los conservacionistas están obligados legalmente a colaborar con ellos.

El articulado de este convenio internacional recoge, con criterio acertado, los resultados de investigaciones previas llevadas a cabo en el terreno de la antropología y de la ecología. Es esencial advertir que, mediante esta normativa, se tutela aquellos derechos que permiten asegurar la continuidad de estrategias de conservación de habitats y recursos naturales, que han venido desarrollándose durante largo tiempo. Cabe aclarar que dichas estrategias no sólo cumplen un rol conservacionista, sino también resultan eficaces como medios para incrementar la diversidad biológica de los ecosistemas.

Las constancias que surgen de las actuaciones del Consorcio Prime, así como de la implementación del proceso de consulta, apuntan a la supresión del control étnico sobre el territorio y al debilitamiento de las organizaciones indígenas. En el marco del proceso de consulta no existe indicio de ninguna clase que permita suponer que tengan cabida las cuestiones vinculadas con la ritualidad indígena y con la reproducción de las culturas portadoras de esta ritualidad.

Vemos el espíritu de la letra que anima el Plan de Trabajo (WP), cuando expresa que "el problema no está en consultar la voz de las comunidades o de sus gremios, sino en asegurar compromisos prácticos para el adelantamiento del Plan de Acción" (Pg. 138). No pasa inadvertido que dichos "compromisos prácticos" no se compadecen de ninguna manera con "la voz de las comunidades". Más aún cuando en forma explícita se dice que "es importante aclarar que muchos de los compromisos componentes del Programa deben implicar el cambio de prácticas actuales" (Pg. 138).

Sin lugar a dudas, esto contradice de modo flagrante cualquier intento de reactivar las funciones socio-ecológico-culturales de la comunidades indígenas; y también el Convenio 169 (OIT) que establece en su artículo 5a, que "deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse en consideración la índole de los problemas que se plantean tanto colectivamente como individualmente". El Convenio 169 de la OIT reconoce y tutela las estrategias de conservación empleadas durante siglos por los pueblos indígenas. El artículo 13.1 establece que "al aplicar las disposiciones de este Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupen o utilicen de alguna otra manera, y en particular, los aspectos colectivos de esa relación." El artículo 15.1, por su parte, determina que "los derechos de los pueblos interesados en los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos

Vistas las omisiones y limitaciones que caracterizaron el proceso de consulta, es evidente que no puede hablarse de agendas previas y consensuadas en materia de objetivos e intereses, tanto productivos como políticos. La desarticulación las estrategias indígenas de conservación de habitats y recursos naturales, implica la desarticulación de la sociedad misma, por cuanto se trata de estrategias basadas en el uso de recursos naturales que integran la cultura de esas comunidades, clasificables hoy todavía como sociedades tradicionales. Es precisamente este atributo, el de tradicional, con todas sus implicancias biológicas y culturales, el objeto de tutela del Convenio 169 de la OIT.

El esfuerzo de los consultores del Consorcio debió orientarse hacia una comprensión seria del sentido de las estrategias locales y, consecuentemente, hacia una adecuación real de la consulta al entorno cultural local.

Hicimos referencia a las connotaciones del verbo consultar. Dijimos que "el ser inducido implica una relación pasiva entre quien induce y quien es inducido". En el caso de "consultar" mencionamos una relación de simetría entre los participantes o actores en un proceso de consulta. Con relación a este tema, existe un criterio demarcatorio preciso y fiable: el Código Penal boliviano. Citaremos el artículo 335, donde se tipifica el delito de estafa que dice así: "El que induciendo en error por medios de artificios o engaños, sonsacare a otro dinero u otro beneficio o ventaja económica..."; o el artículo 342, engaño a personas incapaces, que pena la acción de todo aquél quien "para obtener para sí o para otros algún provecho, abusando de las necesidades, de las pasiones o de la inexperiencia de una persona menor de edad, o abusando del estado de enfermedad o deficiencia psíquica de una persona, aunque no esté en interdicción o inhabilitada, la indujere a realizar un acto que implique algún efecto jurídico perjudicial para ella o para otros". Otro ejemplo se halla en el texto del artículo 343, relativo a la quiebra, en el cual se lee (in fine) que "incurrirán en la mitad de la pena establecida en este artículo los cómplices e instigadores que a sabiendas indujeren, antes o después de la declaración de quiebra, a realizar los actos ilícitos a que se refiere el Código de Comercio." Y finalmente el ejemplo más claro lo hallamos en el artículo 247 que tipifica la inducción a fuga de un menor. Dice el texto legal que "el que indujere a fugar a un menor de diez y seis años o a un incapaz o con su consentimiento y para el mismo fin lo substrajere de la potestad de sus padres, tutores o curadores, incurrirá en privación de libertad de un mes a un año (las cursivas son nuestras)." El carácter demarcatorio que brinda el texto legal en este caso está dado por el par "indujere... o con su consentimiento". El criterio del legislador distingue claramente la existencia de la voluntad de actuar con conocimiento de la inducción a actuar sin tener presente el fin propuesto ni las consecuencias. No hay ningún motivo para aplicar criterios interpretativos diferentes en el presente caso.

Por nuestra parte, hemos confirmado la ausencia de consulta a la comunidad científica, dado el número de citas académicas transcriptas en esta investigación, cuyo contenido deja ver claramente que el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas para el manejo y conservación de recursos naturales y ecosistemas, en el largo plazo, reúne los requisitos de organización y de sistematización propios del pensamiento científico occidental, superándolo en muchas instancias en aspectos como completitud o sofisticación, atributos pertenecientes al "currículum vitae" de una cultura, cuya posesión "patrimonial" corresponde a todos los miembros de la comunidad.

4.3 El MHNNKM y la FCBC

El MHNNKM, que ha participado en algunas de las etapas de creación de la FCBC y que además mantienen proyectos conjuntos, tiene además otra relación, su discurso de conservación, en este sentido, ambos hacen de Aparatos Ideológicos de Estado. Es esta relación ideológica entre estas dos instituciones las que nos interesa señalar.

Consideramos que la función que cumple la ideología conservacionista se dirige a legitimar el proceso de consulta y entonces, también la normatividad que institucionaliza el proyecto del Corredor. Para ello se vale de un discurso cientificista que fundamenta la validez de una práctica normativa de acceso privilegiado a los recursos naturales estratégicos. El modelo de desarrollo implícito en este proyecto de infraestructura, con todas las consecuencias posibles, tanto las conocidas como otras que aún no lo son, resulta un requerimiento de adaptación a una realidad socioeconómica que la ciencia comprende y describe como natural e inevitable. El etnocentrismo y neocolonialismo implícitos en la visión del desarrollo científico y técnico occidental, se manifiesta en la pretensión de someter a otras culturas, obligándolas a adoptar los valores encarnados en esta práctica. Valores independientes de toda crítica o análisis, dado su carácter de "naturales". Es así que prácticamente se niega el derecho que una sociedad tiene en cuanto a la defensa de sus valores colectivos y tradición. Sólo le resta el derecho a resignarse ante un porvenir que nadie puede prever ni controlar. A la vez, resulta coherente con los discursos acerca del cambio de hábitos culturales como forma eufemística del etnocidio. Neocolonialismo y etnocidio serían dos aspectos del mismo fenómeno, podría decirse que el segundo puede ser consecuencia o efecto del primero

Bajo el manto protector de las políticas de racionalización en el manejo y uso de recursos naturales, se ejecutan planes pretendidamente orientados a beneficiar a los usuarios locales de dichos recursos. Sin embargo, se trata en realidad de procesos inscriptos en "términos operacionales" necesarios como herramientas tecnológicas con el fin de implementar los "términos normativos" que corresponden a la lógica de dominación. En un contexto de colonialismo se trata de mecanismos de reproducción del poder de la clase dominante y su articulación con estrategias "ecológicas"

Los Aparatos Ideológicos del Estado no funcionan sobre la base de la violencia sino de la ideología, tal cual los aparatos de represión, mantienen mecanismo de coacción, sanciones, exclusión o selección. Aquello que ha de legitimarse en este caso es el mantenimiento y crecimiento del sistema en sí, de la racionalidad técnico productiva en contínua expansión. El aparato científico-tecnológico se ha convertido en ideología, es decir, en un mecanismo de legitimación de las relaciones de dominación y de las desigualdades, necesarias para el funcionamiento del modo de producción capotalista. Estas relaciones de dominación y desigualdades se asientan en el acceso privilegiado y excluyente a las materias primas y recursos naturales estratégicos: energía, minerales, tierra, agua y bosques. El carácter de dominación y las inequidades que caracterizan estas relaciones resultan disimuladas en el escenario de la ideología tecnocrática por gratificaciones ofrecidas a la sociedad, como ser: desarrollo sostenible, crecimiento económico, mejoras ambientales o el combate a la pobreza.

Es este carácter velado de las relaciones de dominación, el factor determinante en la necesidad de inducir "a través de una ambientación metodológica" (Pg. 123) el nivel propositivo "por parte de los actores sociales consultados", pues el reconocimiento de las relaciones reales implicadas en este proyecto y las consecuencias que de ellas se derivan, sería contrario a los intereses de quienes propugnan su realización. El discurso que hace aparecer al desarrollo ante nuestros ojos como verdad absoluta no es otra cosa que un conjunto de ideas falsificadas refractadas a través del prisma del interés. En esto consiste precisamente una ideología: en presentar un interés particular con apariencias de interés general.

La continuidad de las prácticas ecológicas indígenas depende de la continuidad de una sociedad en tanto que tradicional. Una sociedad tradicional reposa en la legitimidad institucional de su cosmovisión. De acuerdo con esto, Micronesia no es una sociedad tradicional, y las comunidades indígenas chiquitanas dejarán de pertenecer a la categoría de "tradicional". Nuestro análisis nos lleva a concluir que el cruce del umbral, para dejar de ser una sociedad tradicional, es efecto del "significativo efecto inductor de ocupación económica que será desencadenado por la pavimentación de la carretera"

Trajimos a colación en esta investigación el caso de Micronesia, por tratarse de un ejemplo de neocolonialismo notorio y consolidado. Allí también el etnocidio fue disfrazado mediante la terminología usual que suele emplearse para hablar de desarrollo. En el caso que nos ocupa, el no utilizar presión para obligar a descartar las costumbres y prácticas culturales tiene como resultado final algo similar: "un desarrollo cultural micronesio de mil años fue declarado obsoleto, y la ciencia aplicada habría de reemplazarlo en forma milagrosa" (Pg. 146). En nuestro caso habría que substituir el término "micronesio" por "amazónico" o "chiquitano". La exposición referida al caso de Micronesia fue incluida con el fin de contar con una "muestra testigo" de un proceso paradigmático de neocolonialismo.

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